Comenzó a regir ayer el nuevo cuadro tarifario en el servicio de Aysa, con un alza esperada del 23 por ciento que se suma a los incrementos de la luz en febrero y marzo y del gas en abril. En conjunto, vienen impulsando el índice de inflación por encima de la pauta que quiere instalar el Gobierno. El impacto en las boletas se sentirá cuando finalice el bimestre mayo-junio. Junto a las subas en el precio del servicio de agua, el Gobierno pretende avanzar en un cambio en el sistema de medición del servicio de Aysa, desde la cuota fija actual ligada a las características catastrales hacia la micromedición del consumo. La empresa ya se puso plazos para completar la instalación de medidores en el sector no residencial. Para el sector residencial los tiempos son más laxos pero la idea es avanzar también hacia el cobro por nivel de consumo. Las autoridades de Aysa se reunieron días atrás con las asociaciones de consumidores, quienes advirtieron sobre los problemas que implicaría avanzar en la instalación de medidores sin un profundo proceso de concientización y en ausencia de un esquema de facilidades de la inversión de los usuarios para suplir deficiencias estructurales de las viviendas.

La empresa justifica el aumento tarifario del 23 por ciento con respecto a los valores actuales a partir de la necesidad de cubrirse frente a una inflación del 17 por ciento (según la previsión del Banco Central) más un 6 por ciento adicional destinado a la inversión en la expansión del servicio. Para 2017 se espera que los ingresos propios de la empresa alcancen unos 13 mil millones de pesos frente a costos operativos de 15,2 mil millones de pesos, más 4,6 mil millones de pesos en inversiones de mantenimiento y 12,1 mil millones de inversión en expansión. La diferencia entre los costos e inversión y los ingresos tarifarios serán cubiertos con aportes del Tesoro, que ascenderían a 18,9 mil millones de pesos. El porcentaje de cobertura de las finanzas de Aysa con aportes del Estado se redujo el año pasado a partir del tarifazo del 297 por ciento en promedio en las boletas del servicio de agua. La contracara de los incrementos tarifarios fue el recorte del ingreso disponible de los hogares para efectuar otro tipo de consumos, que se tradujo en caída de ventas.

Las entidades de consumidores se manifestaron en contra de la suba propuesta y enfatizan que el agua en un servicio esencial que no puede estar sujeto a los valores del mercado. En Aysa responden con los números de la tarifa social, beneficio en el que están inscriptos 250 mil usuarios.

El aumento en la tarifa vendrá acompañado por cambios en el método de cobro. Del total de 3,2 millones de boletas bimestrales que emite Aysa, hay 400 mil usuarios no residenciales (comercios e industrias y otro tipo de empresas) de los cuales el 50 por ciento está bajo el régimen de consumo medido. En cambio, de los 2,8 millones de usuarios residenciales apenas el 12 por ciento tiene medidor. Bajo ambas modalidades la factura cuenta con un cargo fijo y otro variable. La fórmula del cargo fijo actual incluye un coeficiente que mide zona del inmueble, metros cubiertos, calidad y antigüedad de la edificación y superficie del terreno. El cargo variable para los usuarios no medidos mantiene su relación con los parámetros de superficie, calidad y ubicación. Para los usuarios medidos, el cargo variable depende del consumo y su precio es menor para zonas de bajo y poder adquisitivo y viceversa.

El objetivo de Aysa es avanzar hacia un esquema en donde el consumo medido gane cada vez mayor participación en la boleta. La intención es controlar el derroche de agua y solucionar problemas clásicos de la facturación de agua como es el caso de los inmuebles de grandes dimensiones con muy bajo nivel de consumo que son castigados con el alto importe de las boletas

Aysa propone establecer un único cargo fijo para todo tipo de usuarios de 87 pesos por bimestre más IVA por cada servicio (agua y cloacas), de modo que la porción fija de la boleta se ubicaría en unos 220 pesos. El cambio sería inmediato para los usuarios no residenciales de consumo medido, mientras que en noviembre se extendería al resto de los usuarios. Estas modificaciones le permitirían a Aysa ir reduciendo con el paso del tiempo la incidencia del cargo fijo en la boleta para que gane preponderancia el cargo variable.

Además, comenzará una intensa campaña de instalación de medidores del consumo de agua. El objetivo es que para fines de 2019 todos los usuarios no residenciales estén bajo el régimen de medidor. En el caso de los usuarios residenciales, en las próximas semanas Aysa presentará su plan de instalación de medidores y ofrecerá la instalación gratuita de los medidores dentro de los próximos dos años para los usuarios que opten por cambiar de sistema.

“Estamos de acuerdo con la idea de avanzar hacia un sistema generalizado de micromedición. Pero la verdad es que si se instalara la micromedición ahora, aparecerían muchos problemas y algunos graves. Por ejemplo, hay un sinfín de propiedades que tienen grandes pérdidas internas de agua. Si el usuario no tiene la plata para realizar los arreglos necesarios, el medidor en esos casos facturaría una barbaridad. Entonces, nosotros planteamos que se necesitan créditos blandos de carácter masivo para que la gente tenga la posibilidad de arreglar sus instalaciones internas. También vale aclarar que se calcula que la propia Aysa tiene pérdidas en su servicio que implica que cerca de un 40 por ciento del agua se pierde antes de que llegue al hogar. Si la idea es entonces cuidar el derroche de agua, hay que empezar por eso”, indicó a PáginaI12 Claudio Boada, titular de la Unión de Usuarios y Consumidores.

 Las entidades también pidieron que Aysa no ponga plazo para la instalación gratuita de medidores. Otro de los puntos en discusión es el tratamiento de los consorcios, ya que la empresa baraja la posibilidad de medir el consumo del edificio y no de cada departamento, a raíz de las dificultades que plantearía la medición individual. “Medir el consumo del consorcio y que después se distribuya en partes iguales dispararía un enorme problema”, dice Boada.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/35076-otro-tarifazo-que-deja-bajo-el-agua-a-los-usuarios

A través de una de las empresas de su holding (Braskem SA), la constructora brasileña Odebrecht aportó $ 500.000 a la campaña del, ahora presidente, Mauricio Macri.

Según se desprende de documentos a los que accedió el diario La Nación, el dinero habría sido aportado en 2015, durante plena campaña presidencial.

La donación del gigante brasileño se habría efectivizado mediante una de sus controladas, Braskem SA.

Vale recordar que la compañía Odebrecht se declaró culpable por haber cometido actos de corrupción en Brasil. Lo hizo a través de sobornos y fue destapado por el caso Petrobras que involucró a políticos y empresarios.

En Argentina, están implicados por este caso desde el titular de la AFI y mejor amigo de Macri, Gustavo Arribas, hasta el primo del primer mandatario, Ángelo Calcaterra, por el soterramiento al tren Sarmiento que tuvo a esa compañía a cargo.

El aporte figura en el balance de PRO de 2015 porque la empresa pagó los cubiertos de toda una mesa en la cena de recaudación de fondos que organizó Cambiemos en marzo de ese año, admitieron desde Odebrecht y desde el partido a La Nación.

"Braskem es la compañía del holding Odebrecht para el mercado petroquímico y tiene una filial en la Argentina. El gigante brasileño utilizó la estrategia de hacer figurar el nombre de esta firma controlada de bajo conocimiento público para evitar exponerse públicamente", contó ese diario según le confiaron fuentes especializadas en financiamiento electoral.

El matutino citó, además, que dos ejecutivos y un operador de Odebrecht reconocieron de manera extraoficial que el gigante brasileño también realizó aportes a los principales candidatos (presidenciales) en 2015: Daniel Scioli (kirchnerismo), Sergio Massa (Frente Renovador) y Margarita Stolbizer (GEN).

Los tres políticos desmintieron a ese diario estos aportes, que no figuran en los informes que presentaron ante la Justicia electoral.

Fuente: http://www.ambito.com/881129-odebrecht-aporto-fondos-a-la-campana-de-macri-en-2015

Ricardo Buryaile adelantó hoy que el gobierno nacional está dispuesto a colaborar en la situación de la lechera SanCor, pero fue claro en la contraprestación. "No estamos pidiendo que echen gente, ni que bajen salario sino que se baje un aporte que hace el sector empresario, que está en condiciones dificilísimas, que va al sindicato", afirmó el ministro de Agroindustria.

En una entrevista radial, estimó que para el gobierno de Mauricio Macri es “una prioridad” solucionar los problemas económicos de SanCor, pero condicionó el otorgamiento de un crédito de 450 millones de pesos a la baja en los aportes sindicales. "Poner recursos en una empresa, sabiendo que no estamos resolviendo las cuestiones de fondo de la industria, nos estaría llevando a cometer los mismos errores del pasado", consideró.

El ministro abundó al reconocer que "estamos pidiendo sentarnos a hablar del Convenio Colectivo de Trabajo" por lo que la intención del gobierno es avanzar mucho más allá del aporte sindical. Pero por si acaso, le agregó que el pedido del Gobierno "está mucho más relacionado con la racionalidad que con preservar lo que tienen algunos sindicatos, que son los privilegios", justificó el ministro.

SanCor arrastra deudas por unos 300 millones de dólares y se cortó la cadena de pagos. Los trabajadores acamparon durante 40 días en reclamo de sus haberes y ayer llegaron a cortar la ruta 34. Durante la mañana de este sábado el corte se levantó cuando se confirmó que recibieron un pago de ocho mil pesos a cuenta de los salarios adeudados.

Mientras tanto, desde la cartera de Trabajo, Jorge Triaca dijo que “es una prioridad” para el gobierno macrista “sanear” las finanzas de la empresa. También dijo que las “soluciones” a analizar "requieren de cierta sustentabilidad" porque, si no, se estaría "poniendo recursos en algo que después no se va a poder sostener".

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/34826-un-credito-a-cambio-de-flexibilizar

La diputada Victoria Donda denunció al presidente, Mauricio Macri, y a funcionarios del gobierno nacional por la venta de acciones que pertenecían al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Previsional (FGS). De acuerdo a la acusación, la operatoria benefició a Pampa Energía, propiedad de Marcelo Mindlin -también dueño de Ednor- en sociedad con otros conocidos amigos del actual gobierno, como el magnate inglés Joe Lewis.

La empresa de Mindlin y Lewis se quedó con el total del paquete accionario de Petrobras Argentina, del que el FGS tenía un 12%. La denuncia recayó en el Juzgado 11 a cargo del juez federal Claudio Bonadío.

"La denuncia se basa en que fue una operación habilitada por el Comité Ejecutivo del FGS sin que existieran los requerimientos que por ley necesita el ANSES para vender activos; en que la operación se hizo a un precio por acción por debajo del que calculaban el costo consultoras privadas especializadas, lo que representó para el Estado Nacional a través del FGS entre mil y tres mil millones de pesos de pérdidas", acusó Donda.

En la causa también se menciona que YPF, una empresa con mayoría estatal y competidora de Pampa Energía en el mercado hidrocarburífero decidió prestar a Mindlin 140 millones de dólares para financiar la compra/absorción de Petrobras por parte del holding de los amigos del presidente.


“Se trata de una operación en la que el Estado nacional, por medio de la venta de activos de un Fondo destinado a cuidar el patrimonio de los jubilados de nuestro país, favoreció a empresarios muy ligados al entorno presidencial. ‘Llamativamente´ estos empresarios están haciendo negocios en uno de los sectores más rentables de nuestra economía como lo es el energético, en donde por otra parte, existen empresas nacionales y provinciales que son en muchos casos competidoras con las privadas en la explotación del recurso”, afirmó Donda.

Fuente: http://www.eldestapeweb.com/denuncian-macri-vender-fondos-jubilados-beneficiar-mindlin-n28335

Mientras en los primeros meses del año pasado calentaba motores para la firma de un acuerdo con el Estado que implicaría una quita de casi la totalidad de la deuda del Correo Argentino, el Grupo Macri –a través de las controlantes Socma S.A y Sideco S.A– intentó el “vaciamiento” de las cuentas en dólares y pesos que estaban a nombre del concurso de acreedores para desviarla hacia otros de sus negocios. Así lo denunció la fiscal Gabriela Boquin en un nuevo dictamen que presentó en el caso que más daño hace a la imagen al gobierno de Mauricio Macri. Según el documento, la jueza del concurso, Marta Cirulli, llegó a autorizar cinco retiros de fondos por cerca de 10 millones de pesos. Pero después que Boquin reveló que se había firmado un acuerdo que consideró “abusivo” y “ruinoso” para las arcas públicas, se cortaron las autorizaciones. Cuando el Correo apeló, quedó la maniobra al descubierto.

En un dictamen que se conoció ayer a última hora, Boquin dice que considera que los retiros de dinero de las cuentas del Banco Ciudad fueron “improcedentes e injustificados”. Además de deschavar los movimientos para obtener ventajas económicas con el dinero del concurso, denuncia a la jueza comercial Cirulli y pide la separación de la actual administración de la empresa Correo Argentino, que encabeza Jorge Irigoin, antiguo gerente de Socma con una relación histórica con el presidente Macri y su familia.  Advierte que proporcionó información falsa y ocultó otra relevante para el expediente.

Boquin hace notar que la jueza Cirulli venía negando esos pedidos de manera sistemática cada vez que se los había pedido el Correo, incluso el año anterior, 2015. De pronto, justo en 2016, cuando la empresa de los Macri ya empieza a encarar su demanda contra el Estado en reclamo de un resarcimiento (entre otras cosas por la supuestas consecuencias económicas producto de la expropiación en 2003) y cuando se avecinaba el acuerdo que no se había logrado en años (desde 2001) porque las sucesivas administraciones de gobierno rechazaban las propuestas de la empresa postal por inconvenientes, justo ahí comenzó a vaciar las cuentas.

El acuerdo por la deuda del Correo se firmó el 28 de junio del año pasado. La fiscalía fue notificada tres meses después, y finalmente lo objetó. Como ya se conoció, Boquin señaló en su primer dictamen que la deuda del Correo asciende al día de hoy a más de 4000 millones de pesos. Si no se hubiera frenado tendría cerca de la totalidad perdonada gracias a la aceptación del representante del Estado, que asistió en nombre del Ministerio de Comunicación, Juan Mocoroa, siguiendo instrucciones –dijo– de sus superiores, lo que incluiría del ministro Oscar Aguad hacia arriba. Mientras tanto, a lo largo de 2016, el Grupo Macri fue obteniendo permisos para ir sacando la plata de sus cuentas: en marzo, en junio, en noviembre y en diciembre. El pedido de la audiencia para lograr el convenio fue en mayo. A comienzos del año pasado había en las cuentas del concurso 9.666.690 dólares y 27.866.097 pesos. Los retiros, afirma Boquin, fueron “en beneficio de otras empresas del grupo” y “en perjuicio para las cuentas del concurso”.

Uno de los argumentos que la jueza utilizó para autorizar los retiros fue “el volumen de las erogaciones que la deudora debe afrontar mes a mes”. Para eso se basó en el planteo de la empresa que, en rigor, está inactiva. La firma argumentó ante la jueza que los socios ya no estaban en condiciones de seguir haciendo aportes para su sostén y, en realidad, nunca aportaron nada. Sin embargo, utilizó parte del dinero extraído del Banco Ciudad para pagar mensualmente, oficinas por 144.000 pesos; 61,834 pesos de sueldos y cargas sociales; 113.000 pesos de gastos contables e informáticos y 65.000 de honorarios profesionales. Los inmuebles son alquilados en el mismo edificio donde se encuentra la sede de Sideco S.A (el llamado “rulero” de avenida Libertador). Son, más aún, cuatro oficinas en su mismo piso. Sideco Americana es la empresa controlante del Correo Argentino, y a su vez es controlada por Socma S.A.

El planteo es que el dinero que salía de las cuentas del concurso –y que posiblemente hubiera sido mucho más si la fiscalía no denunciaba el acuerdo “abusivo”– iba a parar a Sideco. El denodado interés por llegar a la homologación de un acuerdo por la deuda, para lo cual hacía falta la anuencia del Estado porque de lo contrario no alcanzaban las mayorías, es evitar la quiebra del Correo, que podría arrastrar a la misma situación a sus controlantes, Sideco y Socma, pilares del emporio empresarial de los Macri.

El dictamen de Boquin rastrea movimientos de años anteriores pero que  reflejarían conductas similares: por ejemplo, en 2007 Socma le vende al Correo acciones de Neficor SA, que tenía el 49 por ciento de Chery, para introducir en el mercado el auto Tiggo, con cláusulas de rescisión. Le pagan a Socma 2 millones de dólares, pero jamás les dio dividendos. Luego se agrega una transferencia por más de 900.000 dólares extras. Otra vez, señala la fiscal “un posible acto de vaciamiento de la concursada en favor de otra empresa del grupo, su controlante, Socma”.

Franco Macri tiene un usufructo vitalicio de las acciones de Socma y por ende de Sideco y el Correo Argentino. Fuera de esa función, sus acciones fueron cedidas a sus hijos. Mauricio, en 2009, se las traspasó a sus hijos Agustina, Gimena y Francisco. Es decir, toda la familia. Excepto el Presidente que no figura en los papeles.  

El nuevo planteo de Boquin llega en un momento caliente para el expediente ya que la semana pasada el Gobierno echó al procurador del Tesoro Carlos Balbín, representante de los abogados del Estado, quien tuvo que empezar a intervenir debido –curiosamente– al decreto sobre conflicto de intereses que firmó Mauricio Macri a raíz de este escándalo. Lo que sucede es que Balbín firmó una auditoría el 10 de abril último que no resultaría lo que se dice un bálsamo de alivio y felicidad para el Gobierno. En función de ella, además, preparaba un dictamen en el que plantearía que los términos del acuerdo del año pasado eran irregulares o por lo menos desventajosos. Balbín sería el que ocuparía de ahora en más el lugar que tenía como representante en el caso el Ministerio de Comunicación. Su reemplazante, Bernardo Saravia Frías, lideró un estudio jurídico que representó al Grupo Macri.

El dictamen que ahora plantea el vaciamiento llegará también a la Cámara Comercial, que integran para este caso María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini, quienes vienen actuando desde hace varios años en favor del paso del tiempo. Tuvieron el expediente, sin decisión alguna, desde 2011, denuncias mediante del ex Procurador general de la nación Esteban Righi. Balbín debía presentarse  en la Cámara, entre otras cosas, para opinar sobre los 120 días de suspensión del trámite que pidió el Estado Nacional, a medida de los deseos del grupo empresario y como para intentar desinflar el tema que resultó de tanto impacto durante el período de campaña electoral. Hasta ahora la mayoría de los síndicos lo admitieron. El nuevo procurador deberá opinar, y en este punto falta un dictamen también de Boquin.

La fiscal, quien ya sufrió el año pasado un robo de una copia completa del expediente del baúl de su auto frente a la puerta de su casa, volvió a sufrir un episodio similar: fue forzada la cerradura del vehículo. La diferencia es que esta vez tenía custodia policial.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/34724-manual-para-vaciar-una-empresa-fraudulentamente

Los recursos hidrocarburíferos, el litio, otros recursos minerales estratégicos y las empresas del Estado quedaron fuera de la protección de inmunidad soberana contemplada en las emisiones de deuda externa y, por lo tanto, pasaron a ser pasibles de embargo y ejecución en una hipotética disputa legal con acreedores externos. Los abogados Eduardo Barcesat, Jorge Cholvis y Arístides Corti sostienen que esa posibilidad quedó habilitada por los decretos 29 y 231 de 2017. “Son precisamente esos recursos y riquezas naturales los que resultan la garantía del pago de la deuda externa que se contrae por los decretos impugnados, traicionando la manda de la Ley Suprema de la Nación”, advierten los letrados en el texto de la denuncia que realizaron contra el presidente Macri por defraudación contra la administración pública y abuso de autoridad. La demanda, que recayó en el Juzgado Federal Nº1 a cargo de María Romilda Servini de Cubría, también alcanza al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el titular de Finanzas, Luis Caputo. “Ni la dictadura se atrevió a tanto”, advirtió el bloque de diputados del Frente para la Victoria ayer a través de un comunicado. 

 “La deuda en moneda extranjera que está contrayendo el gobierno es insostenible. Es evidente que en línea con la entrega de soberanía, el endeudamiento está embargando a generaciones futuras de argentinos, y sólo sirve para financiar la fuga de divisas”, advierten los abogados denunciantes. El recorrido de la deuda, el default, la posterior renegociación, los juicios e intentos de embargos sobre activos argentinos de fondos buitre expusieron los costos de la cesión de soberanía jurídica. Los fondos buitre pudieron hacer juicios contra Argentina porque los bonos fueron emitidos bajo la jurisdicción de Estados Unidos o Inglaterra.

La misma lógica fue replicada por el Gobierno cuando, a comienzos de año, habilitó la emisión de nueva deuda externa por 20.000 millones de dólares. En ese decreto, las autoridades habilitan a “incluir cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales estaduales y federales ubicados en Nueva York y/o Londres, y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente, respecto a reclamos que se pudieran producir en la jurisdicción que se prorrogue y con relación a los acuerdos que se suscriban y a las emisiones de deuda pública que se realicen con cargo al presente decreto”.

 El texto de la norma precisa que “la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana no implicará renuncia alguna respecto de la inmunidad de la Argentina con relación a la ejecución de los bienes que se detallan a continuación”. Entre los diez ítems mencionados figuran los Artículos 234 y 235 del Código Civil y Comercial de la Nación. Barcesat, Cholvis y Corti explican en su presentación judicial que “los bienes individualizados por el artículo 234 del Código son los que se encuentran fuera del comercio, y los del artículo 235 son los pertenecientes al dominio público, como ser el mar territorial, aguas interiores, bahías, golfos, ensenadas, puertos; ríos, estuarios, arroyos y demás aguas que corren por cauces naturales, lagos y lagunas navegables; islas que se formen en el mar territorial; el espacio aéreo supra yacente al territorio y aguas jurisdiccionales; las calles, plazas caminos, canales, puentes; etc”. 

 Los denunciantes remarcan que el decreto “deja expresamente al margen el principio de la inmunidad soberana con respecto a los bienes del artículo 236 del Código Civil y Comercial, que son los bienes del dominio privado del Estado nacional, provincial o municipal”. Entre los bienes contemplados en ese artículo figuran “las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas, sustancias fósiles y toda otra de interés similar, según lo normado por el Código de Minería” y “los bienes adquiridos por el Estado nacional, provincial o municipal por cualquier título”. Por eso, los denunciantes consideran que “claramente quedan fuera de la protección de inmunidad de ejecución por ejemplo, los recursos hidrocarburíferos, el litio y otros recursos minerales estratégicos de los cuales el país contiene importantes yacimientos. También las empresas del Estado”. Los denunciantes advierten, además, que las normativas con las cuales el gobierno salió al mercado habilitaron la ejecución de bienes localizados en el territorio nacional, una situación que estuvo bloqueada durante la disputa con los buitres.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/34475-denuncian-a-macri-por-abuso-de-garantias

MACRI INAUGURÓ UNA NUEVA PLANTA DE TECHINT EN TEXAS, MIENTRAS EN CAMPANA EL HOLDING SUSPENDE PERSONAL Y RECORTA SUELDOS. Inversiones que se van de Campana a Houston por un tubo. El grupo Techint invirtió 1800 millones de dólares en Houston. En Campana, reduce la actividad y aplica suspensiones rotativas.

Se esperaba una lluvia de inversiones, pero cambió el viento. El presidente Mauricio Macri lo pudo verificar ayer, en persona, cuando visitó la planta que está emplazando Tenaris, marca internacional del grupo Techint, en Bay City, donde producirá tubos sin costura con mano de obra estadounidense y pagando sus impuestos al fisco de esa misma nación. La planta, que será inaugurada en pocos meses más, generará 600 puestos de trabajo en Houston y otros 400 a 500 de modo indirecto, y demandó una inversión de 1800 millones de dólares, según  le pudo detallar el titular del holding, Paolo Rocca, cara a cara ayer a Macri. Pero el anuncio no recibió muchas muestras de festejo en la localidad bonaerense de Campana (norte de la provincia de Buenos Aires), donde unos tres mil trabajadores (bajo dependencia directa o a través de contratistas) sufren las consecuencias de suspensiones rotativas y “sólo cobran el 80 por ciento de sus salarios”, según denunció la concejal del FpV de Campana Soledad Calle.

 La planta de Techint en Houston, Texas, próxima a zonas de exploración y explotación de hidrocarburos por métodos no convencionales, se encuentra en avanzado estado de construcción. Tendrá una capacidad de producción de 600 mil toneladas de tubos por año y muestra el perfil de la estrategia de inversión del principal holding privado de la Argentina: estar bien cerca del centro de poder, y en este caso asociada al shale estadounidense, un rubro en el que Estados Unidos competirá con Argentina en caso de que Vaca Muerta cumpla, en Argentina, con las expectativas. Curiosamente, la visita de Macri a Estados Unidos, que era presentada como una “gira de promoción de inversiones en energía”, arrancó celebrando inversiones en el rubro, pero de capitales argentinos migrados a tierras de Donald Trump para aumentar allí el empleo. “American first”.

 “Es sumamente agraviante para nuestros vecinos trabajadores que la empresa realice esta inversión millonaria en otro país, genere empleo y encima sea avalada por el Presidente de la Nación”, reaccionó, indignada, la concejal del FpV Soledad Calle, en una entrevista radial en el programa Mañanas silvestres. “En nuestro distrito –recordó–, cada acuerdo de renovación de suspensiones traía aparejada una discusión porque la empresa planteaba pagar el 70 o el 60 por ciento de los salarios, y hubo una resistencia fuerte por parte del sindicato. La planta tiene 3000 trabajadores entre propios y contratistas, y todos están con suspensiones rotativas, y se está produciendo por debajo de su ritmo habitual”, sostuvo ayer la concejal de Campana. 

 La dirigente bonaerense calificó de “incomprensible” la inversión del grupo Techint en Houston, al mismo tiempo que reduce su actividad en sus plantas locales. “Si esa misma inversión la hubiesen dejado en Argentina, habrían generado puestos de trabajo que son tan necesarios hoy, en un país que está viviendo en carne propia el impacto de las políticas económicas de un gobierno que destroza la industria y no defiende el trabajo”. 

 Según algunos observadores, el ejemplo de Techint le servirá a Macri para mostrar, ante Trump, que las empresas argentinas también apuestan fuerte por Estados Unidos. Para las autoridades de Washington, sin embargo, esto no constituirá ninguna novedad. El emplazamiento de la planta de Siderca en Houston es una entre una decena de instalaciones que el holding tiene en ese país. Además, la firma de los Rocca ha dado sobradas muestras de ser un aliado fiel de Washington, con su tenaz campaña en contra del ingreso de capitales chinos a la Argentina y del incremento del intercambio con la potencia asiática, principalmente en los dos últimos años de gestión de Cristina Fernández de Kirchner. 

 Mauricio Macri, por otra parte, tiene otros “méritos” para exhibir ante Trump sin necesidad del auspicio de los Rocca. Según reveló ayer un trabajo del instituto de estudios de la Universidad de Avellaneda, “desde la apertura comercial de fines de 2015, las importaciones (de productos estadounidenses) en sectores sensibles crecieron hasta un 150 por ciento”. Entre ellos, las manufacturas de cuero y los juguetes, que en el primer trimestre de este año registraron ingresos al país por un valor superior al del mismo período de 2015, del 68 y el 150 por ciento respectivamente.  

 El mismo informe refiere que, con los cambios en el régimen comercial implementados desde fines de 2015, “la tendencia de la relación entre compras y ventas con Estados Unidos fue hacia una reprimarización: creció la proporción de productos primarios entre las exportaciones y aumentó la de manufacturas industriales entre las importaciones”. Esto representa, lisa y llanamente, pérdida de empleos: se venden productos con escasa mano de obra incorporada, y se traen de afuera los más trabajo intensivos, que compiten o reemplazan a los similares de producción nacional. 

Donald Trump no tendrá de qué quejarse hoy frente a Macri. Pero cuando este último le pregunte el por qué a las restricciones al ingreso de limones y biodiesel argentino, no hay que descartar como respuesta un “te la debo”.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/34231-inversiones-que-se-van-de-campana-a-houston-por-un-tubo